Miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un gran despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Durante el inicio de la marcha se produjeron algunos incidentes que acabaron con dos detenidos, según el periódico Clarín. Los manifestantes ―los convocantes esperaban a entre 30.000 y 50.000 asistentes― llegaron, como estaba previsto, a la Plaza de Mayo, cuyos alrededores se blindaron con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. “Vamos a movilizarnos por las calles, ¿dónde vamos a meter 50.000 personas?”, preguntaba Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, la actitud del Gobierno del ultraderechista no es una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no son sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público.
La marcha de este 20 de diciembre fue convocada con semanas de antelación. La idea original era recordar, como todos los años, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante dos jornadas de protestas multitudinarias. Sin embargo, el plan de ajuste económico anunciado por Milei la convirtió también en la primera contestación a su administración.
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El Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales.
“El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no, ya que paga un tercio de su jubilación en la habitación que alquila desde hace 20 años y Milei ha dejado en suspenso la actualización de las jubilaciones. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.
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