La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte tras ser hallada culpable de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas estudiantiles que provocaron el colapso de su Gobierno. La sentencia del Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) marca un punto crítico en la historia política del país.
Un panel de tres jueces del Tribunal Internacional de Crímenes, encargado de juzgar delitos de guerra y violaciones graves de derechos humanos en Bangladesh, emitió el veredicto el lunes, determinando que Hasina fue responsable de incitar y ordenar ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones estudiantiles del año pasado. Según el tribunal, la violencia desencadenada por las fuerzas del orden bajo su liderazgo provocó la muerte de cientos de personas y dejó heridas a decenas de miles.
La sala judicial de Daca estalló en vítores por parte de algunos parientes de los afectados al conocerse el veredicto. Uno de los jueces declaró: “Sheikh Hasina perpetró delitos contra la humanidad debido a su instigación, sus directrices y su inacción al no aplicar sanciones”. Los togados argumentaron que había pruebas irrefutables de que la antigua jefa de gobierno había fomentado la agresión contra los estudiantes que protestaban de forma pacífica, lo que resultó en ejecuciones y represalias organizadas.
Las protestas, que inicialmente surgieron como un movimiento estudiantil contra las cuotas de empleo en la administración pública, se transformaron en un levantamiento nacional que demandaba la renuncia de Hasina. Según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la represión estatal pudo haber causado hasta 1.400 muertes y más de 25.000 heridos.
Hasina, quien actualmente se encuentra en un exilio voluntario en Nueva Delhi, India, no asistió a la audiencia judicial y describió el procedimiento como «sesgado y políticamente motivado». Mediante su organización política, la Liga Awami, negó las acusaciones y señaló deficiencias en el proceso legal.
Acusaciones y réplica de Hasina
La antigua jefa de gobierno se enfrentó a cinco acusaciones fundamentales, entre ellas la instigación a la muerte de manifestantes, la orden de ejecuciones y el empleo de armamento mortífero, drones y aeronaves para sofocar las manifestaciones. Hasina rechazó categóricamente cualquier implicación, sosteniendo que los fallos judiciales fueron dictados por un tribunal «parcial» y dirigido por una administración carente de legitimidad democrática.
En un comunicado oficial de su partido, la Liga Awami, la ex líder aseguró: “Rechazo las demás acusaciones de violaciones de derechos humanos del Tribunal Penal Internacional por carecer igualmente de pruebas. Estoy muy orgullosa del historial de mi gobierno en materia de derechos humanos y desarrollo”.
Desde 2009 hasta su derrocamiento en 2024, Hasina gobernó Bangladesh con un liderazgo fuerte y centralizado. Bajo su mandato, el país experimentó un significativo crecimiento económico, pero su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos, lo que generó un creciente descontento social. Analistas advierten que el veredicto de muerte podría desatar tensiones políticas antes de las elecciones nacionales previstas para febrero del próximo año.
La representación legal de Hasina elevó un recurso ante el relator especial de la ONU encargado de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresando inquietudes por la ausencia de garantías procesales y de un juicio justo. Paralelamente, el gobierno provisional de Bangladesh ha cursado una petición formal para la extradición de la antigua primera ministra, si bien la India no ha emitido aún una contestación oficial.
Protestas y tensión en las calles
Previo al veredicto, decenas de manifestantes se congregaron frente a la residencia en ruinas del padre de Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, fundador de Bangladesh, en el barrio de Dhanmondi. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron a los manifestantes prendiendo fuego en la calle y coreando consignas contra la dinastía política de la familia Hasina. Según reportes, el ejército y la policía respondieron con bastones para controlar la situación.
El domingo anterior, la capital, Dacca, registró incidentes de violencia, incluyendo la explosión de cócteles molotov lanzados por personas en motocicletas. La seguridad se reforzó con vehículos blindados y agentes equipados con escudos antidisturbios alrededor de edificios gubernamentales clave, mientras se desplegaban equipos de acción rápida y fuerzas de la guardia fronteriza.
El vástago de Hasina alertó que los seguidores de la Liga Awami podrían impedir los comicios si no se revocaba la proscripción del partido, indicando que las manifestaciones podrían tornarse violentas. “No consentiremos que se realicen elecciones sin la Liga Awami. Nuestras movilizaciones se agudizarán progresivamente y actuaremos según sea necesario. Si la comunidad internacional no intercede, es probable que surjan conflictos en Bangladesh”, afirmó.
Carrera política de Hasina
La vida de Sheikh Hasina está profundamente ligada a la historia de Bangladesh. Hija mayor de Sheikh Mujibur Rahman, presenció desde muy joven la lucha por la autonomía bangladesí frente a Pakistán. Tras el golpe militar de 1975, en el que fueron asesinados su padre, su madre y tres hermanos, Hasina y su hermana se vieron forzadas al exilio.
Regresó a Bangladesh en 1981 para asumir el liderazgo de la Liga Awami, el partido de su padre, y se convirtió en primera ministra por primera vez tras ganar las elecciones de 1996. Posteriormente, regresó al poder en 2008 y gobernó hasta 2024, consolidando un liderazgo que combinó desarrollo económico con autoritarismo político.
Durante su administración, Hasina enfrentó críticas por inclinarse hacia un modelo de partido único y por acciones que restringían la libertad de prensa, la disidencia política y la participación ciudadana. La aplicación de normativas de ciberseguridad posibilitó al gobierno suprimir la expresión digital, resultando en el arresto de periodistas, activistas y artistas, además de acusaciones de detenciones injustificadas y maltrato.
A pesar de las objeciones, Hasina consiguió sortear numerosas manifestaciones a lo largo de su mandato, hasta que la revuelta del año anterior, impulsada por la generación Z, forzó su destitución y la llevó al exilio en la India. En la actualidad, gran parte de sus parientes y dirigentes de su formación política residen fuera del territorio nacional.
Marco socioeconómico
Bajo el gobierno de Hasina, Bangladesh experimentó un notable crecimiento económico, con mejoras en infraestructura, educación y reducción de pobreza. Sin embargo, los avances económicos convivieron con acusaciones de corrupción generalizada y concentración del poder. La falta de transparencia y las limitaciones a los derechos democráticos generaron un descontento social que finalmente estalló en las manifestaciones estudiantiles que marcaron el fin de su mandato.
El alzamiento del año anterior puso de manifiesto la fricción entre los habitantes y una administración que, a juicio de muchos, ignoraba las exigencias de la ciudadanía. La utilización de cuerpos de seguridad para sofocar manifestaciones pacíficas desencadenó una emergencia humanitaria con un alto saldo de afectados, aspecto crucial en la sentencia contra Hasina.
El tribunal consideró que la ex primera ministra tenía responsabilidad directa en la violencia, no solo por órdenes explícitas, sino también por omisión ante los abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Este precedente judicial refleja un intento de establecer rendición de cuentas frente a graves violaciones de derechos humanos en Bangladesh.
Reacciones y perspectivas políticas
La sentencia contra Hasina ha generado un clima de polarización en el país. Por un lado, los partidarios del gobierno interino, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, consideran que los juicios son esenciales para restaurar la confianza pública y fortalecer las instituciones democráticas. Por otro lado, los simpatizantes de Hasina rechazan los procesos legales, considerándolos políticamente motivados y diseñados para marginarla de la política activa.
Mientras la Liga Awami permanece suspendida de toda actividad política, el Gobierno interino enfrenta el desafío de organizar elecciones seguras y garantizar la estabilidad antes de los comicios previstos para febrero. La tensión social y política, sumada a las amenazas de protestas violentas, constituye un riesgo significativo para la gobernabilidad y el orden público en el país.
El ámbito global sigue de cerca la situación, ya que la entrega de Hasina por parte de India y la validez del tribunal han generado discusión en el plano diplomático. Diversas naciones han manifestado inquietud por la protección de los derechos fundamentales y la importancia de asegurar un procedimiento legal equitativo y claro.
La condena a muerte de Sheikh Hasina marca un capítulo crítico en la historia política de Bangladesh, donde el balance entre desarrollo económico, autoritarismo y derechos humanos ha definido la trayectoria del país. La sentencia refleja el peso de la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad y la importancia de la rendición de cuentas, aunque también genera incertidumbre sobre la estabilidad política futura.
La vida de Hasina, desde la tragedia familiar hasta su liderazgo autoritario, ilustra los desafíos de la política en una nación joven y compleja. Con la Liga Awami suspendida y el Gobierno interino buscando consolidar la gobernabilidad, Bangladesh enfrenta un período de tensión mientras se acerca la fecha electoral. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede equilibrar justicia, democracia y estabilidad social frente a uno de los casos políticos más emblemáticos de su historia reciente.
