Demasiados años a la cola de Europa: España tiene un problema con la pobreza infantil | Sociedad

Rosa duerme con su hijo de 10 años en un sofá prestado, en un salón prestado, bajo un techo prestado. En esta historia es prestado hasta el nombre, porque ella prefiere no dar el suyo. Quiere proteger a su niño, evitar que se entere. Aunque no hay forma de impedir que un crío de esa edad se dé cuenta de que no es normal vivir en el salón de un amigo. Por mucho que su madre le ahorre detalles y le ponga su mejor cara. Por mucho que él pase las horas jugando, contento por tener a un amigo cerca. Así son las cosas desde que el 26 de diciembre tuvieron que abandonar el piso en el que residían, en Madrid, tras un retraso de dos meses en el alquiler. “O pagábamos o comíamos”, resume esta dominicana de 42 años. Ahora su marido y su hijo mayor, de 19, se han mudado a la habitación de un primo que en marzo afronta una orden de desahucio. La familia está separada. Este mes cuentan, tras los pagos, con 90 euros para todos sus gastos, más los trabajos por horas que les salgan. Ella busca todo el rato, pero encuentra más bien poco. “¿Que cómo lo llevo? Como los puzles, que se desarman y se vuelven a armar. Armándome de fuerzas todos los días para seguir adelante. Hoy, una pelea. Perdí. Pues mañana, a pelear otra vez”.

Ni Rosa ni su familia quieren formar parte de las estadísticas de pobreza infantil. Pero ahí están, engrosando a su pesar los datos. En España, el 27,8% de los niños y adolescentes viven en hogares en riesgo de pobreza, es una cifra de 2022, pero que tiene en cuenta la renta de 2021. Es el último dato disponible. El que colocó a España en el deshonroso primer puesto del ranking de la Unión Europea en pobreza infantil. Aunque no es nuevo que el país esté en el furgón de cola de la UE, cerca de Rumania. Puesto arriba, puesto abajo, lleva años al final de la lista. En 2022, también fue el país de la Unión con menor capacidad para reducir estas cifras con sus transferencias sociales, es decir, con todas las prestaciones familiares, por desempleo, por enfermedad, incluso con las pensiones. Sin todo ello, y según explica el catedrático de Economía de la UNED Luis Ayala, la cifra habría escalado hasta el 37,4%. Logró una reducción de cerca del 26%, casi la mitad de lo que, de media, son capaces de disminuir sus cifras de pobreza infantil los miembros de la UE (cerca de un 46%).

¿Por qué tan malos datos en una de las principales economías europeas? España es uno de los países cuyo sistema fiscal menos redistribuye de la Unión. Y es uno de los que menos invierte en política familiar y de infancia en relación con el PIB. Entonces, ¿qué efecto tienen las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno? Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SiiS, resume bien ambas respuestas. Por un lado, “una familia es pobre o bien porque no tiene un salario suficiente o porque no tiene prestaciones económicas suficientes, y aquí los dos elementos fallan más que en otros países”. Por otro, “la ausencia de una prestación familiar es el gran agujero de la política social en España”. Aunque en los últimos años se han dado pasos, como la aprobación del ingreso mínimo vital, del complemento de infancia para familias vulnerables con hijos o la ampliación de la deducción fiscal para madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, lo que se ha hecho es “poner al día el Estado del bienestar, pero sigue estando bastante lejos de uno moderno. Está pensado más en los años ochenta que en 2022″.

Conviene recapitular para entender bien de qué hablamos. El riesgo de pobreza infantil es un indicador relativo que mide la desigualdad, es decir, no cifra la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos con relación al conjunto de la población. Recoge a todos los hogares con hijos cuya renta es inferior al 60% de la mediana del país, teniendo en cuenta el tamaño de las familias. Para un hogar monoparental con un hijo pequeño, en 2022 (calculado con los ingresos de 2021) se situó en 13.114 euros. En familias compuestas por dos adultos y dos menores de 14 años, en 21.185 euros. No todos los casos son tan graves como el de Rosa. Para un hogar como el suyo, con tres adultos y un niño, el umbral fue de 23.202 euros. Ahora mismo, para ella esa cantidad es casi un sueño. Están a la cola de las estadísticas. También ellos están dentro de ese 10,1% de hogares con hijos en los que sufren carencia material severa, porque no pueden permitirse cuatro elementos de una lista de seis en la que hay puntos como no tener capacidad para asumir gastos imprevistos o no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

A esta familia le vienen mal dadas desde hace mucho. Llegaron a España en 2008, pronto estalló la crisis. Ella encadenó trabajos en hostelería, en limpieza, cuidando niños. Jornadas larguísimas, sueldos no tan largos. Después de la pandemia todo empeoró. “Cobraba 750 euros del ingreso mínimo vital, pero en octubre me lo redujeron a 200, dicen que hay un cobro indebido. Les he pedido que revisen mi expediente”. Rosa habla junto a una trabajadora de Balia, una fundación sin ánimo de lucro que da “apoyo escolar, emocional y en valores” a 3.200 menores vulnerables en Madrid, Guadalajara y Sevilla, explica su directora, Beatriz Sigüenza. Con clases extraescolares, con talleres, con algunas becas. “Tenemos una lista de espera tan larga en los programas como los niños atendidos. La pobreza se hereda. Y está enquistada”, afirma.

Algo que corrobora Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económicos en la Universidad de Alcalá. “Los niveles de pobreza infantil han sido altos desde hace prácticamente 30 años”, apunta. “Pero antes era mucho más transitoria, ahora se está cronificando”. Ella es una de las autoras de un informe publicado el año pasado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que calculó por primera vez cuánto le cuesta a España la vulnerabilidad social de los menores: 63.000 millones de euros al año. Estos niños crecen con menos oportunidades, tienen más probabilidades de tener peor salud, peor educación, peor trabajo. Y de nuevo, más pobreza. Por ello, los expertos piden más medidas para romper este círculo.

“El sistema español de prestaciones e impuestos se caracteriza, respecto a otros países europeos, por la limitada dimensión de las políticas familiares”, apunta Cantó. Ayala concuerda y añade que tradicionalmente “la protección familiar se había dejado a las propias familias”. “Hay una brecha histórica”, dice el catedrático. “El modelo español es singular porque gasta muy poco en prestaciones y el grueso de la ayuda a las familias está en la bonificación fiscal, especialmente en el IRPF”, añade. El problema es que los hogares más pobres no realizan la declaración de la renta, “así que hay un segmento que se queda sin esa protección”.

Las principales ayudas para familias con descendencia, explica Ayala, son por un lado dos deducciones fiscales: el mínimo exento por hijo y los 100 euros por niño de hasta tres años para madres trabajadoras. Esta última es reembolsable, es decir, que si el importe de la bonificación es superior a la cantidad que hay que pagar, se ingresa la cantidad directamente a los hogares. Y el Gobierno amplió su cobertura el año pasado, recogiendo supuestos hasta entonces no contemplados, como mujeres que cobren una prestación por desempleo o hayan trabajado al menos 30 días desde el nacimiento, pero sigue sin llegar a todas las casas, hay un 10% que se queda fuera, según explicó el Ministerio de Derechos Sociales entonces. Para ese tramo de la población está el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, que se puso en marcha en 2022 para luchar, precisamente, contra la pobreza infantil, con ayudas que van desde los 57,5 euros hasta los 115, en función de la edad de los menores. El complemento se otorga directamente a los hogares que ya percibían el ingreso mínimo vital (una prestación estatal creada en 2020 para familias sin otros recursos) pero que también pueden solicitar familias que no sobrepasen determinados ingresos (33.627 euros anuales para dos adultos con dos hijos).

El problema, además de los engorrosos trámites burocráticos, es que el 76% de las familias que podrían percibirlo ni siquiera lo solicitan, según datos de la Airef. Además de los engorrosos trámites burocráticos. Tampoco se sabe cuántas personas perciben este complemento ahora mismo, solo el dato acumulado: 451.190 desde que se puso en marcha la prestación. El Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha itinerarios piloto y ha lanzado campañas informativas para tratar de alcanzar a más población. Pero la realidad es que la ayuda no llega como debiera.

Cantó opina que las “políticas familiares, tanto las transferencias como los impuestos, son muy limitadas” y que esto, “en un país en el que la precariedad y el desempleo alto coinciden con las edades de procreación, es catastrófico en términos de fecundidad y en pobreza infantil”. Recuerda que 20 de los 27 miembros de la UE tienen una prestación universal por crianza, muchos hasta que los menores cumplen 18 años, y apunta que los mejores países atacando la vulnerabilidad en la infancia son los que combinan una prestación universal con otra focalizada. “O se aúnan los impuestos y prestaciones, de forma que estas lleguen directamente a las familias en situación de pobreza, sin que tengan que pedirlas específicamente, o se desarrolla una prestación universal, que puede hacerse tributable”, expone.

La reclamación de una prestación universal por crianza resuena cada vez más en los últimos años. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), propuso este viernes en el Congreso, en primer lugar, la ampliación de la deducción por maternidad hasta los seis años. También aseguró que defiende la “absoluta necesidad y urgencia” de que España tenga una prestación universal, algo que también reclama la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (del mismo espacio) y una vía que la OCDE ha invitado al Gobierno a explorar. Se trata de una medida que ya defendió la legislatura pasada, sin éxito, La ministra Ione Belarra (Podemos) y que no consta en el actual acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. La única ayuda universal que hay en España existe en el País Vasco, donde las familias de niños que nacieron el año pasado han comenzado a percibir una prestación de 200 euros al mes, que expirará cuando los menores cumplan tres años. Si bien funciona para un tramo de edad muy limitado, los expertos recalcan que no es estigmatizante: llega a todo el mundo.

Dos voluntarias, en el banco de alimentos de Valencia, el pasado julio.
Dos voluntarias, en el banco de alimentos de Valencia, el pasado julio. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de Infancia de Unicef, concede que se ha realizado “un esfuerzo importante” en los últimos años con el ingreso mínimo vital y el complemento de infancia, pero pide más. “Para salir de esta situación estructural hacen falta dos cosas: una prestación universal y, a medio plazo, romper la cadena de transmisión intergeneracional”, prosigue. Hay programas autonómicos, y Derechos Sociales también financia un programa para que las comunidades luchen contra la pobreza infantil, con apoyo familiar y a la conciliación, y cubriendo necesidades básicas. Fueron 65 millones el año pasado. Pero González-Bueno destaca especialmente “la implementación de la garantía infantil”, un programa europeo que tiene como fin que los menores puedan acceder a derechos básicos como la educación y actividades extraescolares, una alimentación saludable o una vivienda adecuada. “Es pronto para evaluar aún su implementación, pero el presupuesto es de 1.000 millones para siete años, y en todas las comunidades autónomas: es decir, que hacen falta más recursos”, puntualiza.

En cualquier caso, todos los expertos consultados destacan que el Gobierno, primero del PSOE y de Unidas Podemos y ahora del PSOE y Sumar, ha dado una respuesta muy diferente a las crisis (la pandemia y la derivada de la guerra en Ucrania) que el del PP tras la Gran Recesión. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza calcula que “el escudo social evitó que un millón y medio de personas cayera en riesgo de pobreza o exclusión social [no solo hogares con menores, sino toda la población], el gran elemento de contención fueron los ERTE”, explica su presidente, Carlos Susías. “La salida de la crisis ha sido más rápida y aún es pronto para valorar todas las medidas, porque los últimos datos de pobreza están calculados con datos de 2021. Aun así, hay valores que han mejorado”.

Sin embargo, los indicadores suelen evolucionar peor para los hogares con niños. La tasa de riesgo de pobreza para el conjunto de la población (20,4%) es ahora más baja que antes de la pandemia. Para los menores, aunque haya bajado, respecto a 2021, continúa más elevada. Y el catedrático de Economía Luis Ayala recuerda que, si bien el índice de Gini (en el que el 0 significa la perfecta igualdad y el 1, la máxima desigualdad) ha alcanzado un nivel inferior al de 2008 para hogares sin niños (0,308), en familias con menores continúa aún por encima del valor de entonces (0,332).

Con todo, la capacidad del Gobierno para reducir la pobreza infantil después de las transferencias sociales ha subido 1,1 puntos respecto a antes de la pandemia, y esto se debe a las medidas adoptadas en este tiempo. Las políticas destinadas a fortalecer el mercado laboral impactan en la cohesión social. Desde 2018, el salario mínimo interprofesional se ha subido en un 54%, hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas, lo cual afecta a dos millones y medio de trabajadores, y la reforma laboral llevó al mínimo desde que hay registros el porcentaje de contratos temporales entre los asalariados, hasta alcanzar el 16,5%. Pero, aunque el paro continúe cayendo (11,7%), sigue a la cabeza de los datos europeos, y los salarios continúan estando lejos de los otros países comunitarios. En materia de vivienda, además, “faltan prestaciones”, apunta Joseba Zalakain, del Centro de Documentación y Estudios SiiS: si bien se ha aprobado una ley que permite que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas y limiten el precio del alquiler, así como el bono joven (ayudas para poder arrendar una vivienda), “España gasta 16,9 euros por habitante en prestaciones económicas de acceso a la vivienda, frente a los 117 de la zona euro”.

Así que el diagnóstico entre los consultados es unánime. Se ha avanzado y cabe esperar que las cifras, por tanto, mejoren, aunque no está claro el alcance. Pero, sobre todo, hace falta hacer aún más. Mientras, Rosa poco más puede hacer. “Yo sigo buscando, del trabajo no me escondo, ni mi marido tampoco”. En diciembre estuvo empleada 15 días, en una campaña de Navidad. “Sé que de todo se sale, pero llevo unos años que no levanto cabeza”. Cuenta que el día anterior a esta entrevista se acostó sin cenar. “Por no entrar en la cocina a molestar, mi amiga ya estaba acostada cuando llegué”, dice. Le bastó con saber que su hijo hubiera comido. Un niño al que los Reyes no le dejaron ningún regalo este año. Son mágicos, pero no tanto. “Él lo ha entendido, sabe que lo más importante ahora mismo es buscar casa”. Ese es el mejor regalo.

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