lunes, mayo 27

El CSIC y medio centenar de organizaciones rechazan las bases de datos privadas que condicionan la ciencia mundial | Ciencia

La universidad francesa de la Sorbona provocó un terremoto en la ciencia mundial el 8 de diciembre, cuando anunció que cancelaba su suscripción a la Web of Science, una omnipresente base de datos de la multinacional londinense Clarivate que se emplea en todo el mundo para evaluar a los científicos y concederles, o no, ascensos y financiación. Cientos de millones de euros de dinero público se reparten en función de estos datos de plataformas privadas, sobre todo de la Web of Science y de Scopus, una herramienta similar de la editorial holandesa Elsevier. La Sorbona y otro medio centenar de organizaciones, incluido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, han presentado este martes la Declaración de Barcelona, una iniciativa para transformar radicalmente este sistema y hacerlo abierto.

Los firmantes advierten de que las carreras de los científicos e incluso “la forma en que la ciencia sirve a toda la humanidad” dependen actualmente de estos indicadores opacos y, a menudo, escasamente fiables. Hace un año, EL PAÍS reveló que 19 investigadores españoles habían mentido en la base de datos de Clarivate, a cambio de dinero, para simular que trabajaban en Arabia Saudí, con el fin de aupar artificialmente a las universidades saudíes en los rankings académicos internacionales. La empresa londinense elabora cada año la Lista de Científicos Muy Citados, que incluye a 7.000 investigadores cuyos estudios son los más mencionados por otros colegas, según estos indicadores opacos. En los últimos años, la lista ha sido un coladero para científicos mediocres sin escrúpulos, que han accedido haciendo todo tipo de trampas. Clarivate excluyó a más de un millar en noviembre por estas malas prácticas.

“Una gran parte de toda la información sobre investigación está encerrada en infraestructuras privadas. La gestionan empresas que deben rendir cuentas principalmente a sus accionistas, no a la comunidad investigadora. Como comunidad investigadora, nos hemos vuelto muy dependientes de las infraestructuras cerradas”, reflexionan los firmantes de la Declaración de Barcelona, coordinada por Bianca Kramer, de la consultora holandesa Sesame Open Science; Cameron Neylon, de la Universidad Curtin (Australia); y Ludo Waltman, de la Universidad de Leiden (Países Bajos).

Los promotores de la iniciativa se reunieron en Barcelona en noviembre de 2023, en una reunión organizada por SIRIS Academic, una consultora barcelonesa que asesora a entidades académicas de medio mundo. “El mensaje profundo es que las bases de datos cerradas, como Web of Science y Scopus, limitan el proceso de promover una evaluación de la ciencia más inclusiva y transparente”, señala el especialista suizo Yoran Beldengrün, de SIRIS Academic. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, paga casi seis millones de euros al año por las licencias de acceso a las bases de datos de la Web of Science y Scopus.

La Declaración es contundente. “Hemos acabado evaluando a investigadores e instituciones basándonos en evidencias no transparentes. Estamos supervisando e incentivando la ciencia abierta utilizando datos cerrados. También estamos tomando decisiones de forma rutinaria basándonos en información sesgada en contra de idiomas, regiones geográficas y agendas de investigación menos privilegiadas”, reconocen los firmantes. Además del mayor organismo de ciencia en España, el CSIC, figuran tres universidades españolas (la de Barcelona, la Politécnica de Cataluña y la de las Islas Baleares) y la red de Centros de Investigación de Cataluña (CERCA), los 42 organismos de excelencia de la Generalitat.

“Para avanzar en la evaluación responsable de la investigación y la ciencia abierta, y promover la toma de decisiones imparcial y de alta calidad, es urgente que la información sobre investigación esté disponible de manera abierta a través de infraestructuras académicas también abiertas. La apertura de la información sobre investigación debe ser la nueva norma”, sostiene la Declaración de Barcelona. Entre los firmantes internacionales se encuentran entidades como la Fundación Bill & Melinda Gates (Estados Unidos), la Agencia Nacional de Investigación de Francia y la Universidad de Milán (Italia).

Beldengrün rechaza la idea de que las bases de datos privadas ofrezcan una garantía sobre la calidad de las revistas científicas. “Este argumento es cada vez más discutido, ya que la decisión sobre qué revistas se consideran de calidad no debería dejarse en manos de un proveedor privado, a menudo en conflicto de intereses con los editores de las revistas (por ejemplo, Scopus es propiedad de Elsevier), sino encomendarse a la comunidad científica pertinente o a organismos nacionales de evaluación”, reflexiona.

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