El crecimiento de los centros de datos en una importante empresa de tecnología en Aragón ha despertado inquietud entre varias organizaciones ambientalistas, las cuales han presentado objeciones ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Estas organizaciones alertan sobre el considerable impacto al medio ambiente que podría resultar de esta expansión, subrayando que el proyecto no incluye medidas correctivas suficientes para reducir sus efectos adversos.
Un aspecto central de inquietud es el alto consumo eléctrico esperado para los nuevos centros de datos. Conforme a las proyecciones, cuando las instalaciones funcionen a máxima capacidad, la demanda de energía llegará a los 10.900 GWh anuales, superando el consumo total de la comunidad autónoma, que en 2023 fue de 9.679 GWh.
Este aumento en la demanda podría afectar el crecimiento de otros sectores económicos y aumentar el riesgo de apagones, advierten las organizaciones ecologistas.
Este incremento en la demanda podría comprometer el desarrollo de otros sectores económicos y generar riesgos de apagones, según las organizaciones ecologistas.
Este número es particularmente alarmante en localidades como Villanueva de Gállego, donde la demanda de agua podría multiplicarse por cinco, agravando el estrés hídrico en una zona que ya enfrenta problemas de escasez de agua.
Las entidades ambientalistas también ponen en duda las expectativas de generación de empleo vinculadas al proyecto. Apoyándose en experiencias internacionales, sostienen que las cifras propuestas podrían ser poco realistas y que el número de puestos de trabajo creados sería notablemente inferior al prometido. Asimismo, critican la falta de claridad y la ausencia de un análisis integral que evalúe simultáneamente el consumo de agua y la utilización del suelo en la zona.
Por otro lado, la empresa promotora ha declarado su compromiso con la sostenibilidad y ha informado sobre la construcción de plantas de tratamiento de agua en cada uno de los centros de datos para aumentar la eficiencia en el uso del agua en un 10%.
Además, afirma que la expansión es viable desde una perspectiva ambiental y que se llevarán a cabo las medidas necesarias para minimizar y corregir los impactos durante la evaluación requerida.
El Gobierno de Aragón, que ha catalogado el proyecto como de Interés General, resalta la relevancia de estas inversiones para el crecimiento económico de la región. No obstante, las organizaciones ambientalistas sostienen que los posibles beneficios económicos no compensan los impactos ambientales y sociales involucrados, y consideran que el proyecto carece de transparencia y va en contra del desarrollo sostenible de Aragón.
El Gobierno de Aragón, que ha declarado el proyecto como de Interés General, destaca la importancia de estas inversiones para el desarrollo económico de la región. Sin embargo, las organizaciones ecologistas insisten en que los posibles beneficios económicos no justifican los impactos ambientales y sociales asociados, y consideran que el proyecto es opaco y contrario al desarrollo sostenible de Aragón.
Este debate refleja la creciente preocupación por el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección del medio ambiente, subrayando la necesidad de una planificación cuidadosa que considere tanto el progreso económico como la conservación de los recursos naturales.
