sábado, junio 15

El Gobierno anima a los jóvenes a elevar sus quejas para el diseño de la nueva ley de Juventud | Sociedad

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este miércoles la creación de la que será la primera ley de Juventud en España. Rego, que ha hecho este anuncio en su primera intervención en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Juventud e Infancia, ha explicado que, con esa ley, que se va a abordar con “carácter inmediato”, se cumplirá el artículo 48 de la Constitución española, que plantea que “la juventud tiene derecho a participar a nivel social, económico, cultural, y político” en la sociedad, y ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que eleven sus quejas y participen en el diseño del documento previo al borrador de la nueva ley. Rego ha desglosado las principales líneas en las que trabajará su departamento, desde la emancipación de los jóvenes hasta la pobreza infantil.

La comparecencia ha comenzado con un anuncio. “Vamos a poner en marcha la primera ley de Juventud de nuestro país, y tendrá como base la estrategia de juventud del año 2030, que vamos a elaborar en colaboración con el Consejo de la Juventud de España”, ha dicho Rego, que ha anunciado que en el proceso previo a la elaboración de la ley se contará con la participación pública de colectivos juveniles para tener en cuenta sus demandas de cara al diseño del borrador de la nueva ley. “Nuestra idea es abrir un proceso participativo y analizar las leyes de juventud ya existentes en algunas autonomías”, ha añadido. La futura ley se construirá, ha dicho la ministra, en torno a cuatro ejes: “los derechos económicos y cobertura social” (que abarcará asuntos como el empleo, la vivienda, o los servicios públicos), “los derechos democráticos y la participación política”, “la salud mental y el bienestar” y “la crisis ecosocial, la justicia intergeneracional y los derechos de las generaciones futuras”, ha matizado.

Paralelamente al desarrollo de la ley, otro de los ejes centrales del ministerio será el empleo juvenil y la precariedad, ha señalado la ministra, que no ha adelantado ningún detalle concreto de su plan. “No es un problema nuevo, ya nos encontramos con altas tasas de desempleo juvenil en los años 80, pero no por ello es menos grave”, ha dicho Rego, que ha recordado que tras la crisis de 2008, el desempleo llegó al 57% y, aunque ha caído hasta el 27,8%, “sigue siendo la cifra más alta de la Unión Europea”, por lo que “tenemos que seguir avanzando en las mejoras de las condiciones laborales de los jóvenes”. Rego ha indicado que la reforma laboral ha mejorado las condiciones laborales de los más jóvenes, que han sido el colectivo más beneficiado de la contratación indefinida: en 2023, casi un 43% de jóvenes firmaron un contrato indefinido. La ministra ha asegurado que reforzarán la colaboración con el Ministerio de Trabajo para abordar el plan de choque sobre el empleo juvenil, entre otros asuntos. “Pretendemos desarrollar actuaciones en el marco del convenio de colaboración con el Injuve y la Inspección de Trabajo para que los jóvenes conozcan las herramientas para favorecer su protección en el ámbito laboral”, ha lanzado.

Sobre la vivienda, Rego ha dicho que “es uno de los principales problemas” de los jóvenes de cara a construir un futuro, y ha recordado que la edad media de emancipación está en los 30,3 años y la tasa está en el 16,3%, frente al 30% de media europea. “Tenemos un problema de especulación con la vivienda que retrasa la emancipación de los jóvenes”, ha considerado la ministra, que ha insistido en que “esto hay que resolverlo”. Sobre la ley de vivienda, Rego ha trasladado que “es necesario que las comunidades autónomas desplieguen la declaración de áreas tensionadas para así limitar el precio de los alquileres”, y ha considerado urgente abordar la falta de vivienda pública. “Vamos a hacer un seguimiento y a diseñar una estrategia desde el Ministerio de Juventud, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, para impulsar medidas que fomenten el acceso de la juventud a la vivienda”, ha asegurado.

Rego se ha referido a la salud mental como otro de los grandes problemas que afectan a la juventud. “La cifra es impactante, el suicidio es la primera causa de muerte (no natural) entre los jóvenes de 15 a 19 años, son las cifras de un drama social”, ha dicho. “No podemos responder que son la generación de cristal, debemos coordinar esfuerzos entre administraciones para que estas generaciones puedan tener empleos de calidad y se puedan emancipar con dignidad”. Para ello, ha anunciado que se coordinarán con el Ministerio de Sanidad para la puesta en marcha de “estrategias específicas orientadas a la juventud”.

El pasado diciembre, Rego anunció la creación de un grupo de 50 expertos para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet y promueva un uso responsable de los dispositivos digitales, el que supuso el primer gran anuncio de esta cartera de nueva creación. También ha recalcado que el Gobierno elaborará una ley para proteger a los menores en los entornos digitales.

Infancia

En materia de infancia, Rego ha lamentado los datos “extraordinariamente altos” de pobreza infantil. En España, el 27,8% de los menores (2,2 millones) vive en hogares bajo el umbral de la pobreza. Por ello, la ministra se ha comprometido a luchar contra este problema y ha destacado, además, las medidas que puso en marcha el Gobierno durante la pandemia, como la implantación del ingreso mínimo vital, con el complemento a la infancia (una ayuda específica para familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargos), el escudo social, la contención del precio del gas, entre otras iniciativas. Ha asegurado que “uno de los principales desafíos” es “cómo poner en marcha medidas universales” de protección social” y “medidas para llegar a los niños más vulnerables”. En este sentido, ha reiterado su intención de “no perder el horizonte” de poner en marcha una renta universal de crianza. Fue una medida que defendió la ministra de Derechos Sociales en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero que finalmente quedó fuera de la ley de familias que impulsó su departamento, una normativa que decayó debido al adelanto electoral y que ahora el Ejecutivo retomará.

Además, Rego se ha comprometido a seguir avanzando en el desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en 2021, y ha trasladado su compromiso de trabajar con otros ministerios, como el de Justicia, en la creación de los juzgados especializados que la ley mandataba a crear. Rego ha señalado que este año “se pondrán en marcha”, en el marco de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

Además, la ministra ha informado de que han puesto en marcha un informe, basado en 9.000 entrevistas a personas de 18 a 30 años, para determinar si sufrieron violencia durante su infancia. “Desde 1994 la Administración no hacía un estudio de este calibre”, ha dicho. Y la falta de datos es uno de los principales problemas en este ámbito, así que Rego ha destacado que el ministerio está trabajando en dos registros que permitirán arrojar luz sobre la violencia que sufre la infancia y la adolescencia. Por otro lado, también ha destacado que se continúa trabajando con el modelo Barnahus, las llamadas casas de la infancia, para hacer más amigable la justicia para los niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual, muchas veces revictimizados durante los procedimientos judiciales. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, iniciado en 2022. “Estamos trabajando en una estrategia estatal para su implementación” en el territorio, así como en un plan formativo, ha explicado.

Rego también ha destacado la importancia de cambiar el modelo de atención a los menores tutelados por la Administración que viven en centros residenciales. En 2022, últimos datos disponibles, eran 17.061. Hay ocho proyectos piloto en marcha en este sentido, financiados con fondos europeos, en el marco de la estrategia de desinstitucionalización que prepara el Ministerio de Derechos Sociales. Se trata de potenciar el acogimiento familiar, de promover “espacios seguros y cálidos”. Y de actualizar los modelos de intervención en los propios centros, que los niños reciban una atención centrada en la persona, que sean los centros los que se adapten a los niños, y no al revés. El objetivo ―como se fijó en dos estrategias aprobadas la pasada legislatura― es que ningún menor de seis años tutelado por la Administración viva en centros para 2026. Y que en enero de 2031 ya no haya ninguno menor. Si se contabiliza a los menores de hasta 10 años, en 2022 había 2.885 viviendo en centros.