La bióloga Giovanna Roncador está viviendo una situación “surrealista”. Es una de las científicas que más dinero genera en España gracias a sus invenciones, pero no recibe ni un euro. Roncador, nacida en la ciudad italiana de Trento hace 57 años, trabaja en una de las mejores instituciones especializadas en cáncer del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Ella dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales, unas moléculas que se diseñan en el laboratorio para unirse de manera específica a determinadas células y poder, por ejemplo, diagnosticar linfomas. La venta de estos anticuerpos a empresas internacionales genera aproximadamente un millón de euros al año en derechos de explotación para el CNIO, pero la institución no reparte los beneficios con los inventores desde 2020 por un embrollo burocrático kafkiano.
“Ya no sé qué hacer, es una situación muy frustrante. Estoy verdaderamente cansada y desmotivada, por eso he dejado de contactar con empresas para licenciar los anticuerpos. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien? Da igual que lo hagas bien o mal”, lamenta la bióloga. Roncador trabajaba diseñando anticuerpos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) cuando la ficharon en 2000 para ayudar a fundar el nuevo centro de referencia contra el cáncer en España. Cuenta que nadie se lo exigió, pero ella, tras cada nuevo anticuerpo desarrollado para las investigaciones del CNIO, se preocupó por contactar con las empresas líderes para presentarles los avances. Si estaban interesadas, la propia Roncador negociaba los acuerdos, logrando ingresos millonarios para su centro, una fundación pública adscrita al Ministerio de Ciencia.
La investigadora italiana cuenta que su padre era camionero, pero dejó el volante para montar su propia empresa de compraventa de vehículos en su pueblo, Mezzolombardo. “Mi padre es muy emprendedor y muy bueno negociando, de ahí me viene”, explica. El mayor éxito de Roncador fue desarrollar un anticuerpo que se dirige específicamente a un subtipo de glóbulos blancos, lo que ha permitido revelar nuevos mecanismos de la respuesta inmunitaria. Su equipo lo diseñó junto a su colega Alison Banham, de la Universidad de Oxford. La británica cobra sus beneficios de explotación desde 2004, pero Roncador solo los recibió entre 2014, cuando el patronato del CNIO por fin aprobó una normativa de reparto, y 2019, justo antes de que el Ministerio de Hacienda paralizara los pagos.
La bióloga pone un ejemplo. Si una empresa gana 100.000 euros al año vendiendo uno de sus anticuerpos, el CNIO recibe unos 15.000. Tras descontar gastos y el porcentaje para la institución española, menos de 6.000 euros llegarían a los inventores. En el caso de su anticuerpo más exitoso, casi la mitad iría a Oxford y, de los aproximadamente 3.000 euros restantes, Giovanna Roncador recibiría el 65% (unos 1.900 euros anuales); su mano derecha, la bióloga Lorena Maestre, el 28% (unos 800 euros); y el jefe de la Unidad de Producción de Proteínas, Jorge Martínez Torrecuadrada, el 7% (unos 200 euros). Roncador y Maestre, las más afectadas porque son las que más dinero generan, demandaron al CNIO ante un juzgado de lo social de Madrid, el 19 de septiembre de 2022, para evitar la caducidad de sus derechos, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La investigadora calcula que la venta de 65 de sus anticuerpos ha producido más de 8,5 millones de euros de ingresos netos en las arcas públicas del CNIO desde 2004. La institución empezó a repartir beneficios con sus inventores en 2014, pero dejó de hacerlo con el dinero de 2020 y los años posteriores. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado —el órgano de control interno del sector público estatal— recomendó entonces “la suspensión inmediata” del sistema de reparto. “Es un concepto normativo el de regalías que no existe en nuestra legislación y carece de desarrollo reglamentario”, defendieron los auditores, adscritos al Ministerio de Hacienda. El informe, además, sugirió recalcular a la baja los beneficios, descontando más gastos del centro.
Roncador suspira, sentada en su pequeño despacho, decorado con fotografías del cantante David Bowie. “Un sistema tan hiperburocratizado desalienta el espíritu emprendedor”, sostiene. “Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas”, subraya. La bióloga es la fundadora y actual presidenta de la Red Europea de Anticuerpos Monoclonales, con laboratorios de 13 países.
Medio centenar de investigadores del CNIO escribieron el 12 de diciembre de 2022 al Ministerio de Ciencia para comunicar que consideraban “inaceptable” tener que recurrir a los tribunales para poder cobrar un porcentaje por sus invenciones. “No se trata solo de unos derechos económicos, sino la manera también de valorar y premiar un trabajo excepcionalmente hecho y fomentar la transferencia de conocimiento, generando así retornos beneficiosos para la investigación y las instituciones”, argumentaron los firmantes, entre los que se encontraban la propia directora del CNIO, María Blasco, y su predecesor, Mariano Barbacid.
El Ministerio de Ciencia respondió dos semanas después, subrayando que la nueva Ley de la Ciencia, reformada en junio de 2022, ya establece que los investigadores del sector público estatal se llevarán “al menos un tercio” de los beneficios generados por la explotación de sus inventos. “Estoy dando el impulso necesario para agilizar al máximo estos últimos trámites”, aseguró la entonces secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, en su respuesta, enviada el 27 de diciembre de 2022.
El proceso kafkiano continuó el año siguiente. La dirección del CNIO explica que sus especialistas estudiaron “múltiples” alternativas y enviaron su propuesta oficial de un nuevo sistema de reparto el pasado 20 de noviembre, a la Intervención General de la Administración del Estado. Un portavoz del Ministerio de Hacienda confirma que la recibieron, pero “por algún problema” no llegó al departamento adecuado hasta hace unos 20 días.
Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas
Roncador y sus colegas están “indignados”. Teniendo en cuenta solo la venta de anticuerpos, hay 23 científicos del CNIO afectados por el impago, más otros 27 que ahora trabajan en otras instituciones. “Es intolerable que la falta de interés y la burocracia impidan resolver un problema que el centro y los propios investigadores están de acuerdo en resolver, de conformidad con la Ley, acercándonos ya a los tres años sin solución”, expone la bióloga italiana. Las licencias de invenciones de científicos del CNIO generaron 1,6 millones de euros en 2023, un 23% más que el año anterior.
La situación es tan insólita que la propia dirección del CNIO apoya las reivindicaciones de las investigadoras que han demandado a la institución por impago de los derechos de explotación. “En los demás centros de investigación españoles sí tiene lugar este reparto, previsto en la legislación vigente. Se trata de una anomalía que discrimina a los investigadores e investigadoras del CNIO y perjudica de forma importante a la actividad innovadora del centro”, explica la dirección a EL PAÍS. “El CNIO, una institución de excelencia científica y de innovación en España, no puede estar en un estado de excepción en relación al reparto de beneficios de explotación”, sentencia.
La bioquímica Eva Ortega Paíno, nueva secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, conoce muy bien el problema. Era la directora científica del Biobanco del CNIO hasta que la ministra, Diana Morant, la fichó hace tres meses. “En el Ministerio somos conscientes de esta situación y estamos llevando a cabo un seguimiento para estar pendientes de su resolución. Confiamos en que sea evaluado lo antes posible”, afirma Ortega. Todo el mundo espera la respuesta de Hacienda.
En el vestíbulo del CNIO hay una pancarta gigante en inglés y en español: “Decent salaries NOW at CNIO! ¡Salarios justos YA en el CNIO!”. El comité de empresa la colocó porque los trabajadores más antiguos ganan poco más que cuando se fundó el centro hace un cuarto de siglo. El sueldo de Giovanna Roncador es de 2.681 euros, con 14 pagas al año. El de su número dos, Lorena Maestre, es de 1.794 euros. Son dos de las científicas que más dinero generan en España, en uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo.
La gerencia del CNIO asegura que “hasta ahora no ha sido posible hacer promociones por restricciones marcadas por los Presupuestos Generales del Estado”. La científica Carmen Guerra, presidenta del comité de empresa, explica que esto ha creado una situación paradójica: los nuevos fichajes entran cobrando el máximo de las viejas tablas salariales, así que ganan más que los veteranos, con el sueldo congelado de facto desde hace un cuarto de siglo. Hay una auditoría en curso para “subsanar las desigualdades salariales”, según la gerencia. También hay una quincena de denuncias de trabajadores del CNIO en marcha, según la presidenta del comité.
Guerra dejó el Laboratorio Jackson, en Estados Unidos, para incorporarse al CNIO en 1998, con una oferta ilusionante. Un cuarto de siglo después, cuenta que gana prácticamente lo mismo que entonces, 2.533 euros mensuales (si se divide en las 14 pagas típicas), pese a tener más responsabilidades. Guerra, madrileña de 57 años, es la coinventora de una línea celular de ratón con modificaciones genéticas muy interesantes para estudiar los mecanismos de un gen implicado en millones de tumores. El CNIO le debe decenas de miles de euros en derechos de explotación impagados.
La bióloga Lorena Maestre, nacida en Madrid hace 48 años, es contundente. “Lo que reclamamos son cantidades minúsculas si las comparas con lo que ganan en algunas empresas, los banqueros, los economistas… Es ridículo. Parece que nos tiene que dar vergüenza recibir unos miles de euros”, deplora. Roncador, a su lado, asiente: “Este sistema es una desventaja competitiva con el resto de Europa, hace que nuestro país sea muy poco atractivo para los científicos punteros. Generamos unos ingresos para el CNIO de un millón de euros al año y parece que estamos pidiendo limosna”.
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