La UE acuerda reducir a la mitad los principales contaminantes del aire para 2030 | Clima y Medio Ambiente

Fumata blanca, pero sobre todo limpia, para un aire mejor en Europa. La Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados de la UE, han llegado este martes a un acuerdo provisional para mejorar la calidad del aire que respiran los ciudadanos europeos y rebajar así la gran cantidad de muertes prematuras, hasta 300.000 al año, relacionadas con la contaminación del aire. El pacto, que todavía debe ser ratificado por las dos partes, establece objetivos más ambiciosos para 2030 con el fin último de lograr la polución cero en 2050. Sobre todo, reduce a más de la mitad los límites de las sustancias más nocivas para la salud humana, especialmente las partículas finas.

El acuerdo “alineará más los estándares de calidad del aire en 2030 a los de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, ha celebrado el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, aunque algunas organizaciones medioambientales han lamentado que dicha alienación no sea total todavía. Sobre todo porque, como ha recordado el propio Sinkevicius, “la contaminación del aire sigue siendo el problema medioambiental de salud número uno en la UE”.

Con todo, la nueva directiva “allana el camino a una Europa donde la contaminación será cosa del pasado y el aire limpio, nuestra realidad futura”, ha subrayado el comisario europeo. “La buena noticia es que una política de aire limpio funciona y que la calidad de nuestro aire está mejorando”, ha insistido en declaraciones tras las últimas negociaciones, que han durado ocho horas, en el formato denominado trílogo —entre la Eurocámara y el Consejo de la UE, con presencia de la Comisión—. Se ha acordado así el texto común que ahora deberá ser ratificado por las dos partes, algo que fuentes parlamentarias esperan que se pueda lograr antes de las elecciones europeas de junio. También para el ponente por parte del Parlamento Europeo, el socialista Javi López, este acuerdo constituye un “gran paso” para “garantizar un futuro más limpio y sano para todos los europeos”.

Las nuevas normas imponen límites y objetivos más estrictos para 2030 en comparación con los actuales para varios contaminantes: especialmente las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras de diámetro (PM₂,₅) y las de menos de 10 micras de diámetro (PM10), así como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2).

Para el caso de los contaminantes con el mayor impacto documentado en la salud humana, el PM₂,₅ y el NO2, los límites anuales actuales serán reducidos sustancialmente, de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de 40 µg/m³ a 20 µg/m³, respectivamente.

Según la OMS, las partículas finas (PM₂,₅) son capaces de penetrar a través de los pulmones y del flujo sanguíneo, afectando a los principales órganos. La exposición a estas partículas finas puede provocar enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias, causando desde infartos a cáncer de pulmón u otras enfermedades pulmonares crónicas, destaca el organismo internacional de la salud. Además, la OMS indica que existen estudios que demuestran una asociación entre la exposición prenatal a altos niveles de contaminación del aire y el desarrollo tardío del niño, así como problemas psicológicos o conductuales más adelante, incluidos síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ansiedad y depresión.

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La Eurocámara ha destacado que las nuevas normas impondrán más puntos de recogida de muestras para medir la calidad del aire en las ciudades. Los estándares deberán ser revisados antes del 31 de diciembre de 2030 y “al menos” cada cinco años a partir de esa fecha, con una asiduidad mayor si surgen nuevos datos científicos o la OMS revisa sus criterios.

Los Estados podrán solicitar una derogación de hasta diez años del plazo límite para cumplir los nuevos estándares siempre y cuando se tengan en cuenta unas condiciones específicas. Pero Javi López subraya que “no se trata de posponer el límite y ya está”, sino que la flexibilidad es “condicionada” y con numerosas “salvaguardas” para garantizar el compromiso de los Estados con la mejora de la calidad del aire. Uno de los motivos para posponer hasta diez años —el máximo previsto, la mayor parte de las derogaciones son de cinco años más dos de acompañamiento— la implementación total de las nuevas normas europeas será, por ejemplo, si las reducciones previstas solo pueden lograrse mediante el reemplazo de una parte considerable de los actuales sistemas de calefacción del país responsables del exceso de contaminación.

Los ciudadanos podrán acudir a la justicia

Tanto López, responsable de las negociaciones por parte del Parlamento Europeo, como el comisario Sinkevicius han destacado que con estas nuevas normas, se abre la puerta a la actuación de la justicia: tanto ciudadanos afectados como ONG medioambientales podrán acudir a los tribunales para reclamar la implementación de la nueva directiva por parte de los Estados. Además, los ciudadanos podrán pedir compensaciones si pueden demostrar un daño a su salud debido a una violación de las nuevas reglas nacionales. Los procedimientos judiciales de este tipo deberán ser “justos, oportunos y no prohibitivamente caros”, subrayan las nuevas normas.

Para el abogado de la ONG Client Earth ClientEarth Ugo Taddei, estas nuevas reglas para acudir a la justicia y pedir compensaciones proporcionan “una claridad muy necesaria” y serán “cruciales” a la hora de lograr un aire “más limpio y sano para todos”.

A instancias de la Eurocámara, la directiva irá acompañada de un anexo en el que se proponen políticas concretas que ayudarán a reducir la contaminación del aire en las ciudades, como la peatonalización de calles, zonas de bajas emisiones o la electrificación del parque de vehículos. También se impulsará el uso del transporte público y vehículos alternativos como las bicicletas mediante la construcción de carriles bici, algo que varios de los gobiernos locales del PP y Vox anunciaron iban a eliminar tras su victoria en las elecciones de 2023, a pesar de que un año antes, Europa ya dio un aviso a España cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la condenó por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona.

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