Las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios entran en vigor este miércoles en toda España | Sociedad

El Ministerio de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas oficialmente la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales de toda España. A lo largo del día, el departamento que dirige Mónica García publicará la orden ministerial que hará entrar en vigor la medida en todo el territorio, pese a las reticencias de la mayoría de los gobiernos autonómicos.

García ha explicado este miércoles que, tras recibir las alegaciones de las comunidades, el ministerio ha decidido “dar flexibilidad” a la norma, y que la obligatoriedad pueda convertirse en “recomendación” cuando una comunidad lleve dos semanas consecutivas de descenso de casos de virus respiratorios, que llevan disparados en todo el territorio (con diferencias grandes en la incidencia) de las últimas semanas.

Han quedado fuera de la obligatoriedad del uso de mascarilla las residencias y las farmacias, que estaban en un principio en la propuesta de Sanidad. Allí son simplemente recomendables, como sucede en otros espacios de salud, como clínicas odontológicas o de fisioterapia. Según los expertos consultados por EL PAÍS, la orden podría ser recurrida en los tribunales de lo contencioso-administrativo por aquellos gobiernos regionales que estén en desacuerdo con la norma.

El de País Vasco ya ha anunciado que está estudiando las medidas jurídicas, ya que considera esta imposición una invasión de sus competencias. Esta autonomía, como otras 10, habían decidido que no hacía falta que las mascarillas fueran obligatorias, y que bastaba con una recomendación a los ciudadanos.

Otras seis comunidades sí las habían impuesto. Se adelantaron la Comunidad Valenciana (gobernada por el PP y Vox) y Cataluña (ERC); y las siguieron Murcia (PP); Aragón (PP), que las impuso en principio para los sanitarios y las ha ampliado a pacientes en salas de espera; Canarias (CC) y Asturias (PSOE).

Los consejeros autonómicos de todo signo político han sido muy críticos con la gestión de esta norma. Incluso en aquellas comunidades que están de acuerdo con la norma (y que la aplican), se lamentan de que para imponerlas en toda España no se hayan seguido los procedimientos habituales: una reunión de la Ponencia de Alertas (formada por técnicos) y de la Comisión de Salud Pública (constituida por los directores del área del ministerio y las autonomías) para que elabore un informe con su pertenencia.

Las del PP, sin embargo, han anunciado que acatarán lo que decida el ministerio, que tiene la función de coordinar las políticas de salud pública en todo el país. La ministra ha venido explicando estos días que la imposición de las mascarillas responde a una doble función. Por un lado, que la protección de la salud de los ciudadanos sea la misma en todo el territorio: que un paciente que tenga que acudir a una consulta en Valencia se rija por las mismas normas que otro de Madrid, por ejemplo.

La segunda utilidad de la norma que aprueba hoy el ministerio es, según García, la de dar seguridad jurídica a las seis comunidades que ya hecho obligatorio el cubrebocas. Fuentes de su departamento explican que, de no actuar el Gobierno, los ciudadanos no tendrían por qué respetar las imposiciones autonómicas. Este extremo, sin embargo, es discutido por los expertos en derecho sanitario, que aducen que las comunidades tienen competencias suficientes para tomar estas medidas.