Siguiendo la estela de Doñana, este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), se han fotografiado en el mar Menor antes de firmar el convenio de creación de una Comisión Interadministrativa de coordinación para intentar la recuperación ecológica del mar Menor. La laguna arrastra importantes problemas de contaminación, sobre todo por los nitratos procedentes de los fertilizantes que se utilizan en las explotaciones agrícolas.
La comisión no implica la puesta en marcha de nuevas medidas y no se han anunciado tampoco más inversiones, sino que será un “organismo colegiado” en el que el Gobierno central, el de la Región de Murcia y los 10 ayuntamientos que tienen relación con el mar Menor tendrán la oportunidad de poner en común las iniciativas previstas de forma coordinada y colaborativa. Podrán surgir nuevas ideas de actuación, ha dicho López Miras, pero la base para empezar a andar serán las medidas que ya contempla la ley regional de protección del mar Menor y el Plan de Actuaciones Prioritarias para este ecosistema del ministerio, aprobado en noviembre de 2021 y dotado con unos 484 millones de euros.
El organismo ya estaba contemplado en la ley del mar Menor que se aprobó en 2020, y seguirá las líneas que marca esta normativa. López Miras ha achacado el retraso en su puesta en marcha a las “dificultades” que rodearon a la pasada legislatura, derivadas en gran medida de la crisis sanitaria del coronavirus.
Valor “simbólico”
La nueva comisión tiene principalmente un valor “simbólico”, tal y como ha reconocido la ministra, que ha insistido en la trascendencia que tiene “escenificar hasta qué punto es importante mostrar la voluntad de trabajar juntos para resolver problemas”. También el presidente murciano ha insistido en que para proteger y recuperar el mar Menor se requiere de una acción conjunta y una coordinación, de “ahondar en lo común”, ya que, incluso desde las “discrepancias” de la administración regional y la central, ambas comparten el deseo de tener un mar Menor “sano y fuerte”.
El Ministerio para la Transición Ecológica estima que se vierten al mar Menor 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 de fosfatos como resultado de la actividad agrícola y ganadera, así como de la antigua minería, el urbanismo y el turismo. Ribera ha indicado que sus objetivos se dirigen a renaturalizar las parcelas y actuar sobre la sierra minera, algo que consideran “clave”, para abordar el problema de contaminación de la laguna. También ha recordado que se ha producido la “desconexión de 9.000 hectáreas de regadío ilegal”, y que se está buscando una ordenación al uso del agua. Igualmente, esperan “reducir impactos en origen y transitar hacia una agricultura más sostenible”. Las asociaciones ecologistas y en defensa del entorno reclaman desde hace años que se actúe en las explotaciones agrícolas, a las que consideran las principales culpables del mal estado de la laguna.
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Estas organizaciones, entre las que se encuentran la plataforma ciudadana SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción o Greenpeace, “aplauden” la constitución de la comisión, que consideran “un mecanismo imprescindible para poner en marcha con éxito las soluciones” para reducir los impactos al ecosistema. Y esperan que “sea el inicio del cumplimiento del resto de obligaciones legales que vienen siendo ignoradas sistemáticamente”, indican en una nota de prensa.
Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Suroeste (Anse), sostiene que el acto de presentación de la comisión es “positivo” y supone un gran paso dadas las tensas relaciones entre ambas administraciones en la resolución de este problema. “Llevamos reclamando un organismo de este tipo desde que Teresa Ribera vino aquí en octubre de 2019 [cuando murieron miles de peces en el mar Menor], pero debería complementarse con el consejo del mar Menor, todavía sin constituir, y con un comité científico independiente y no nombrado por la comunidad autónoma como es el actual”.
García insiste en que hay que acelerar el plan de gestión pesquera del mar Menor, el plan de control del uso de fertilizantes o las directrices de ordenación territorial, un documento que especificaría los usos urbanísticos, agrícolas, turísticos, entre otros, de la comarca de Cartagena que drena hacia el mar Menor.
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